La Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud paralizó labores a nivel nacional para exigir que sus integrantes sean incluidos en una reforma que beneficia salarialmente a médicos y otros profesionales de la salud.
"Nos sentimos discriminados", afirmó la secretaria general de la federación, Susana Palacios, mientras el director de Descentralización del ministerio de Salud, Arturo Granados, dijo que no hay discriminación, sino una política de especialización y mejora proporcional de salarios.
Ambas partes mantienen conversaciones sobre el conflicto, pero los trabajadores no aceptan la demanda gubernamental de levantar el paro, que es acompañado por ruidosas y concurridas marchas, una de las cuales llegó ayer hasta el ministerio de Salud en Lima.
Entretanto, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, Mario Huamán, convocó a un paro nacional a realizarse el 26 de septiembre para exigir al presidente Ollanta Humala que cambie la política económica, laboral y social vigente y continuadora, según dijo, de la de los gobiernos neoliberales precedentes.
Huamán exhortó al mandatario a acceder a la demanda "para que no siga cayendo al abismo del rechazo popular en las encuestas" y señaló que la protesta exigirá el cese del neoliberal ministro de Economía, Luis Castilla, quien fue ratificado en días pasados ante demandas similares.
Indicó que el día del paro en Lima habría siete concentraciones sindicales y populares que recorrerán la ciudad para reunirse ante el local de la CGTP y marchar al palacio de gobierno, ubicado en la Plaza Mayor, donde están prohibidas desde hace años las manifestaciones.
El paro es convocado también por la Central Unitaria de Trabajadores, centrales agrarias y estudiantiles y otras organizaciones sociales y políticas y han asegurado su participación frentes cívicos de 19 de las 24 regiones peruanas, según Huamán.
Por otra parte, la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú, anunció el inicio de un paro nacional indefinido, el 30 de septiembre, contra las operaciones militares contra la minería ilegal, combatida por depredar el medio ambiente.
Entretanto, el presidente regional (gobernador) de la norandina región de Cajamarca, Gregorio Santos, acusó a los ministros Minería, Vivienda y Ambiente, de provocar el retorno de las protestas contra el proyecto minero Conga.
El proyecto ha causado al gobierno sus principales problemas sociales, por el rechazo de la población, debido al temor de que deprede el medio ambiente. Las protestas han dejado varios muertos y causado dos crisis ministeriales desde 2011.
El señalamiento se debe a que los titulares alegaron a favor de la viabilidad de la ejecución de Conga -de capital mayoritario norteamericano- y, según Santos, actuaron como voceros de intereses transnacionales.
Fuente: Prensa-latina.cu
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