Por José Antonio Vera
Horacio Cartes, a pesar de innúmeras sospechas acerca de su estatura moral, subió a la presidencia paraguaya con el eslogan “Nuevo Rumbo”, y antes de una semana de hacerse de la banda y el bastón, varios elementos se están encargando de confirmar esa promesa, aunque la brújula apunta hacia el sometimiento del país, contra los intereses populares, y la urgente necesidad de transformar el corrupto y paquidérmico Estado.
Preocupa su silencio respecto al clima de zozobra que ciertos grupos de poder quieren instalar en el país, al punto que el Ministro del Interior Francisco de Vargas no encontró mejor respuesta que pedir la colaboración militar de Estados Unidos para sofocar lo que en lenguaje oficial y de la oligarquía y el mundo mediático de la derecha, es la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una entelequia revolucionaria que, de hecho, es funcional al régimen y un rentable pretexto para la represión de las organizaciones campesinas.
En el círculo más incondicional, forman filas para presentar el CV más reaccionario, tal el caso del Diputado liberal Edgard Ortiz, quien exigió hoy martes que durante los cinco años del mandato de Cartes, rija el Estado de Excepción en los Departamentos de San Pedro y Concepción, porque según él, “hay que retirarse de los Derecho Humanos”.
Dos días antes de que el acaudalado empresario asumiera el mandato quinquenal, fue acribillado en el noreste del país el dirigente campesino, enemigo del latifundio y de las corporaciones del agronegocio, Lorenzo Aquino, sumándose a más de 130 luchadores sin tierra asesinados en los últimos 15 años por esbirros de latifundistas y narcotraficantes.
Al cuarto día, un grupo de una docena de hombres secuestró de una estancia a cuatro guardias de seguridad y a un policía, dándoles muerte, hecho que inmediatamente, sin dar tiempo a la verificación correspondiente, el gobierno y la prensa afín, adjudicaron al EPP. Eso alcanzó para desplegar el mayor arsenal represivo en el noreste del país, intensificando el amedrentamiento que sufre la población desde hace años, bajo el argumento de que la guerrilla tendría ahí su estructura de repliegue.
Concepción y San Pedro son territorios muy fértiles y de labriegos esforzados, pero también nichos muy conocidos de narcotraficantes y contrabandistas, relevados desde hace años por la población y, además, por agentes estadounidenses y colombianos y, en los últimos meses por expertos israelíes contratados por Cartes.
Servicios contestes en fingir ignorar la hipótesis de que probablemente ciertos latifundios fungen de retaguardia del llamado EPP, utilizado como pretexto para la estrategia de la mafia y también de la injerencia política de Estados Unidos, que complementa su estrategia de asentamientos, con la penetración de las corporaciones transnacionales del agronegocio y la megaminería.
Cartes habla poco, pero en sus breves declaraciones, ha señalado, por ejemplo, que la Reforma Agraria está gastada, sin precisar si es lingüística o conceptual su definición, mientras nada dice de la concentración del 86 por ciento de la tierra entre apenas el 2.5 por ciento del total de la población, haciendo de Paraguay, económicamente dependiente de la agro-ganadería, sea el país con mayor desigualdad distributiva.
Tampoco se refiere al millón y cuarto de niños desnutridos, según organismos de la ONU, en un país que es el cuarto exportador de soja, ni del 40 por ciento de marginados, la mitad en situación de miseria, o de “pobres extremos, que son pocos”, según su Ministro de Defensa el General Soto Estigarribia, un estronista radicalizado, desde que fue escolta del tirano Alfredo Stroessner, una de las cabezas de la Operación Cóndor que, entre 1964 y 1989, asesinó a unas cien mil personas.
Tiempo atrás, como jefe de una fracción colorada, y tras haber sido destituido de la jefatura del ejército por el Presidente Fernando Lugo, Soto Estigarribia incursionó de filósofo y se permitió declarar que “Lugo formó parte de una conspiración continental del S. XXI que es el comunismo del S. XIX, enemigo de la democracia, que busca volver pobre a toda la sociedad, a quien hubo que hacerle juicio político rápido porque existía la posibilidad de una movilización de masas”. A confesión de partes…
Además, y a pesar de la prudencia ordenada desde palacio, como se percibe en los primeros pasos de ciertos ministros y colaboradores, algunos estarían desobedientes, sumándose con sus irrefrenables declaraciones a la de dirigentes muy influyentes del Partido Colorado, confirmando que los cinco años últimos fuera del gobierno, alimentó el revanchismo ideológico y gerencial entre la dogmática cúpula partidaria.
Entre los casos de maccarthismo, también destaca el ex Ministro del Interior colorado Nelson Alcides Mora, quien propone reflotar la Guerra Fría para frenar el comunismo. Sin duda que está inspirado en el ex Senador norteamericano Joseph Maccarthy, quien fue destituido por el Senado en 1954, debido a su fanático anticomunismo. En fin, personas escombros, como muy bien los calificó el honorable Arzobispo Ismael Rolón.
A ellos se suma el Canciller Eladio Loizaga, integrante de la generación estronista conocida como “tierna podredumbre”, jubilado hace poco tiempo de ese Ministerio, todo un referente de la extrema derecha con años de militancia en la Liga Mundial Anticomunista. Por el momento, utiliza un lenguaje respetuoso hacia el MERCOSUR y hoy martes informó a Cartes de pormenores de la reunión de la UNASUR, el día 30 en Surinam, donde el mandatario inaugurará su función internacional.
No fue necesario esperar mucho para comprobar que la “selección nacional”, como llama Cartes a su gabinete, a cuyos miembros califica de personas honorables, probas y capaces, comenzara a develar la concepción ideológica de varios de ellos, quienes persisten en los viejos vicios de la politiquería y el sectarismo, cuando al país le urge que se instale una práctica democrática, pluralista, transformadora de los obsoletos modelos productivos y de convivencia social constructiva.
Sin embargo, su círculo íntimo muy poca atención presta a los temas más sensibles para la ciudadanía, frenando males como la progresiva privatización de los servicios de salud, tras cuatro años de gratuidad bajo el gobierno de Lugo, o la huelga docente, que la Federación de Educadores (FEP) mantiene desde hace 40 días reclamando que se les pague una jubilación aceptable, que ahora es de apenas 150 dólares por mes. El gobierno liberal faccioso dejó un tendal de salarios sin pagar durante meses.
Se comprende bien que Cartes recién comenzó, pero poco esfuerzo le costaría atender mínimamente, dando albergue y comida a los pueblos originarios que deambulan por las rutas y ciudades del país mendigando, o acelerar la elaboración transparente de un Catastro Nacional, para verificar cuántas propiedades tienen dueños legítimos y cuántas están ocupadas irregularmente. Hay ocho millones de hectáreas en conflicto.
La Constitución Nacional, vigente desde 1992, netamente parlamentarista, impide de hecho que el Presidente de la República sea el Jefe de Estado, pero como Paraguay lleva siete décadas de autoritarismo bajo la batuta del Tendotá, una especie de monarca con más poder que el Ejército y el Partido Colorado, papel que ejerció Stroessner entre 1954 y 1989, varios elementos evidencian que ese legado ha recaído en Cartes que, por encima del malestar de la vieja guardia del partido porque no le reservó ministerios, su ventaja en la relación de poder político y financiero, lo habilita para decidir la marcha del país por encima del judicial y el legislativo.
Desde ese altar, y si el “Nuevo Rumbo” fuera para respetar los derechos humanos y sacar al país de la miseria, como ha prometido, bien podría dar señales para que sean liberados los presos políticos, algunos en huelga de hambre y otros heridos de bala, con insuficiente atención médica, mayoría campesinos y campesinas que llevan más de un año en prisión, sin que el Ministerio Público haya presentado pruebas definitivas ni respete el principio constitucional de presunción de inocencia.
Cartes también ha prometido combatir la corrupción y limpiar el país de holgazanes y de parásitos del Estado, pero su nuevo Comandante de la Policía Nacional, Pastor Alvarenga, jefe del combate al EPP, está acusado de varios delitos, entre ellos el de capitanear una banda de uniformados que extorsionaba comerciantes en Ciudad del Este y alrededores.
La digital Agencia de Noticias (ADN), recuerda que Alvarenga, como Juez Sumariante, fue denunciado por presentar un informe falso para proteger a tres suboficiales, complicados en una serie de delitos, tiempo después, como Jefe de Narcóticos de la Policía, ignoró una denuncia del Senador liberal Robert Acevedo sobre el narcotráfico en la zona de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil y, asimismo, en la Comandancia se le acusó de participar en un asalto que reportó dos millones de dólares.
Fuente: Argenpress.info
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