Por Maylín Vidal
Por primera vez en tres años de mandato el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afronta una de las rebeliones sociales más crudas, con su Gobierno en jaque debido a un paro nacional que aún no se sabe como terminará.
Una rebelión de los excluidos, de aquellos que nunca ha tenido voz, como declaró el presidente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Eberto Díaz. Lo que sucede en esta nación, apuntó, es una gran explosión social, expresión de la situación en la que vive el pueblo, que ya no aguanta más.
Desde el 19 de agosto miles de productores agrícolas salieron masivamente a protestar en contra de las políticas neoliberales implementadas en el país en 30 de los 32 departamentos con el respaldo de los camioneros, mineros, médicos, estudiantes y pueblo en general.
"Políticas antiobreras y antipopulares, que coartan y limitan derechos, privatizan instituciones y entregan nuestros recursos naturales a las transnacionales", afirman los voceros del paro.
Esas mismas políticas que "promueven la extranjerización de la tierra, acaban con la producción nacional a través de los Tratados de Libre Comercio, encarecen los precios de la canasta familiar, elevan los de combustibles, profundizando así la actual crisis económica que ellos mismos (el Gobierno) no reconocen".
Como se ha hecho costumbre en Colombia, las represiones de la fuerza pública, judicializaciones y empadronamientos han sido una constante, ahora mucho más visualizadas con videos difundidos en internet, en los cuales se denuncia el exceso desmedido de la policía.
Hasta la fecha se reportan cuatro muertos, dos de ellos campesinos por el abuso del Escuadrón Móvil Antidisturbios, más de 250 detenidos y decenas de heridos.
Aunque Santos en los primeros días del paro disminuyó su impacto con una frase que ha quedado como histórica entre los colombianos, "el tal paro no existe", días después pidió disculpas y reconoció que el país está atravesando una tormenta.
Un temporal, dijo, que se formó por la acumulación del abandono y falta de políticas en el sector agropecuario durante muchísimo tiempo "y ahora estamos pagando las consecuencias".
La fuerza de este paro multitudinario ha sido el respaldo y la unidad popular de miles y miles de personas que se han ido sumando en el transcurso de los días.
Cada uno con sus razones, los campesinos se pronuncian por mayor acceso a la tierra e insumos, los camioneros piden bajar el alto precio del combustible, los mineros artesanales que se les reconozca, los estudiantes educación gratis y de calidad, todos unidos piden detener los más de 10 Tratados de Libre Comercio.
Las redes sociales como Facebook y Twitter han jugado un papel fundamental. Desde ellas se fraguó un gran cacerolazo nacional que resonó en todas las capitales del país y también se han denunciado los excesos de la policía.
El propio dignatario dijo que si ha habido abusos, "pido disculpas como jefe de la policía". Pero las represiones continúan.
En opinión del miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Jairo Ramírez, esta protesta convertida hoy en uno de los grandes desafíos para el Gabinete de Santos es el resultado de una política de contención social acumulada por años que llegó a la saturación.
A los campesinos se les rebosó la copa y han salido a afrontar esta política de violencia. La situación se ha desbordado y llegó a un punto que el Gobierno no calculó, declaró.
Existía una contención de la sociedad que ahora ha estallado simultáneamente porque en los ochos años del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se generó una política de terror que impidió que la gente se movilizara, manifestó.
El propio vicepresidente del país, Angelino Garzón, reconoció en una reciente alocución que la gente está cansada de vivir tan pobremente. Los derechos humanos tienen que partir de tratar a la gente dignamente, dijo. Los acuerdos que se firmen deben cumplirse y no deben ser para dilatar las soluciones.
En Boyacá el paro llegó a su máximo tope dejando aislado al departamento. Al final Santos tuvo que desplazarse a su capital, Tunja, para dialogar con los campesinos que hoy junto a productores de Nariño y Cundinamarca tratan de llegar a acuerdos en una mesa de concertación con el Gobierno.
Lejos de amainar, el paro ha ido en aumento y los restantes productores de otros 16 departamentos aseguran que las jornadas son para largo hasta lograr una gran mesa en la cual se expongan las peticiones de todos los gremios.
En medio de este panorama, el mandatario anunció nuevas medidas incluyendo la restricción de la entrada de productos cuya venta en el país afecta la economía de los campesinos.
"He decidido poner en marcha una serie de normas que van a ayudar a mitigar los efectos de esta crisis y a ayudar a los campesinos en los temas que nos han puesto sobre la mesa y que sabemos que existen", señaló.
Anunció que "se aplicará el control a los precios de fertilizantes y plaguicidas; la eliminación de aranceles para algunos de estos insumos, una especie de libertad vigilada temporal de precios, la importación directa de fertilizantes y la eliminación de diferencias en los precios de fungicidas por regiones del país".
Pero aún no hay acuerdos y tampoco avances.
En un mensaje en Twitter, el congresista Iván Cepeda expresó al presidente que ya "es hora de reformas profundas, la gente está cansada de administración de la miseria: este paro nacional deja en evidencia las nefastas decisiones tomadas por los gobiernos de turno en materia económica".
El estallido del 19 de agosto tuvo una nueva convulsión este 29 de agosto con otra gran movilización a la que se unieron la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la Unión Sindical Obrera y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
En Bogotá una multitud enardecida protagonizó una dura jornada que paralizó a la capital y terminó con tres localidades bajo toque de queda y ley seca. La jornada de protesta también se sintió en Medellín, Cali, Ibagué, Manizales, entre otras ciudades. Lo vivido en Bogotá es el reflejo de que los sectores olvidados por el Estado están aprendiendo a protestar de forma prolongada, expresó Iván Cepeda.
"El Gobierno ya tiene que pensar si se sienta a dialogar y a encontrar soluciones para los sectores sociales que sólo han recibido olvido o asistencialismo. De lo contrario, estarán resignados a ver cómo esta manifestación va a crecer".
Al decir del senador Jorge Robledo, este movimiento social que se levanta se asemeja a las de las décadas del 60 y 70, con la diferencia de que no son luchas armadas.
Aún no se sabe qué sucederá y los campesinos han reiterado que no se moverán hasta lograr soluciones serias.
Fuente: Prensa-latina.cu
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